Denuncia Ante la muerte de tres luchadores sociales q’eqchi’es en Izabal, Guatemala

Denuncia Ante la muerte de tres luchadores sociales q’eqchi’es en Izabal, Guatemala

Puebla, 16 de febrero 2011

El día sábado 12 de febrero, Sebastián Xuc Coc, Alberto Coc Caal, Catalina Mucú Maas y Amilcar Choc salieron de Río Dulce a las cinco de la tarde, tras terminar su jornada de estudios en el centro universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Xuc, Coc y Mucú pertenecían a la comunidad Quebrada Seca y Choc, por su parte, a la comunidad Los Laureles. Todos ellos abordaron una lancha para dirigirse hacia sus respectivas comunidades, sin embargo, no llegaron a su destino. El día domingo fue hallada la lancha en donde se dirigían, y ésta presentaba perforaciones de bala y rastros de sangre. El día lunes 14 de febrero fueron encontrados flotando en el río, los tres cuerpos sin vida de la y los compañeros. Posteriormente, el día martes 15 de febrero fue hallado el cuerpo sin vida de Amilcar Choc.

Este cobarde asesinato tuvo lugar en un contexto de tensa conflictividad agraria en la región de Livingston, departamento de Izabal, en donde son cada vez más los intereses capitalistas que ejercen presión sobre la tierra, atentando contra la vida y reproducción de las comunidades q’eqchi’es de la región. Las amenazas, intimidación y criminalización son el pan nuestro de cada día de las comunidades organizadas para la defensa de su territorio.

Estas persecuciones y asesinatos son la cara visible, trágica, de la intensificación de las condiciones opresoras en el agro guatemalteco. Lejos de ser tres casos aislados de asesinato en el “interior” del país, son la expresión más álgida del choque continuo que existe entre la apropiación privada-individual de tierras y la lucha por la sobrevivencia de comunidades campesinas. El hecho de que en este caso específico se vuelva a repetir la persecución y la amenaza contra comunidades indígenas nos remite directamente al proceso histórico de expropiación finquera aún vigente en nuestro país bajo nuevas configuraciones sociales. Por eso es necesario ver en este acto violento un nuevo atentado que bien puede entenderse, bajo diferentes circunstancias, bajo la forma específica de dominación en Guatemala donde los grandes movimientos de expropiación (1871 – 1944, 1954 – 1983, 1986 – 1996, 1996 – 2011), han sido dirigidos como movimientos expropiadores contra tierras comunales, terrenos sin “seguridad jurídica” y espacios de producción autónoma que impiden la completa desarticulación de los medios de sobrevivencia entre el campesino comunitario y el jornalero individual.

Pese a que los economistas enfocados unilateralmente en el mercado han creído superada la conflictividad agraria bajo el argumento de la “libre distribución mercantil de los más eficientes”, la realidad es que gran parte de las relaciones de poder en Guatemala todavía se configuran en torno a la propiedad finquera y el señorío que confiere su posesión. Es imposible entender las distintas formas que adquiere el poder en países como Guatemala, sin enfocarse en la asociación que ha hecho el Estado anticomunista desde 1954 del campesino sin tierra como subversivo, del indígena como despojado que se le busca imponer la relación servil con el finquero. Luego pues, la relación entre propiedad de la tierra y configuración de las relaciones de poder sigue siendo un baluarte central para visualizar el racismo, el machismo, las formas directas de poder y violencia mostradas en muchos crímenes en el agro. La imagen del finquero con su mirada altiva y su cobardía puesta en el cinturón como revólver es, hoy como ayer, una realidad invisibilizada por las luchas de control del poder estatal. De hecho, la militarización del país y la batalla contra el narcotraficante, reflejo inverso de la corrupción estatal y del contrabando militar, son a su vez, luchas por imponer su dominio y monopolio territorial mientras se busca crear una identidad entre los “ciudadanos” y la voluntad de poder central.

Por eso es necesaria una férrea denuncia del asesinato de Sebastián Xuc Coc, Alberto Coc Caal, Catarina Mucú Maas y Amilcar Choc, porque su muerte no es un simple dato actualizado de la morgue en que se ha convertido el Ministerio Público, sino la presencia e intensificación del proceso histórico de expropiación. Avalados por una supuesta indiferencia estatal, estos crímenes son más bien el resultado lógico del Estado como diseminación de la violencia en esbirros locales, al fin y al cabo, complemento identificante con la historia que lleva en su costado la institución finquera: desde las cuadrillas de Justo Rufino Barrios y Estrada Cabrera, pasando por los comisionados militares de Ubico, hasta las Fuerzas de Tarea con Lucas García y Ríos-Montt. La violencia y el poder han hecho de Guatemala el país donde se ejecutó el peor exterminio social en la historia contemporánea de América Latina. Hoy en día sigue manifestándose esta violencia en cada asesinato de quien lucha por la tierra socializada, en la indiferencia frente al suicida en el Puente del Incienso, en la lucha por el botín entre Estado y Narcotráfico. Estos asesinatos nos muestran cómo actualmente el proceso de expropiación sigue ahondándose contra los grupos humanos que pueden aún vivir con cierta autonomía de las relaciones que imponen la servidumbre, el trabajo asalariado y la mercantilización de la fuerza de trabajo. El deseo del poder es el dominio absoluto, la transformación de las tierras en pasto para ganado y terreno de servidumbre para el pauperizado.

Como hemos dicho, el 14 de febrero de 2011 aparecieron los cuerpos sin vida de Catarina Mucú Maas, Alberto Coc Caal, Sebastian Xuc Coc y Amilcar Choc, todos indígenas q’eqchi’es, luchadores comunitarios, estudiantes, dos de ellos fuertemente comprometidos con su proceso de profundización como aj q’ijab (guías espirituales mayas). Este asesinato de campesinos indígenas muestra claramente que la vida que cortan los sicarios finqueros, como proceso que se impone desde la expropiación representada nacionalmente en la Finca, lleva al pasado histórico de persecución a hacerse presente y, en la especificidad de su acto, irrumpe como violencia contra la nueva generación que ha tenido el valor de luchar por la tierra, lucha emprendida desde las mismas bases de este país que fungió como centro anticomunista del hemisferio. Los apellidos de los hoy extrañados también nos recuerdan a aquellos campesinos indígenas q’eqchi’es que luchaban por la tierra en Panzós. Ese 29 de mayo de 1978 las comunidades aledañas a Panzós, desde su particularidad en lucha, se enfrentaron a individuos como lo fue en ese momento Flavio Monzón, uno de los principales expropiadores-finqueros que instigó la presencia de los soldados que, finalmente, dispararon contra los demandantes de tierra, asesinando a 34 campesinos y campesinas indígenas.

La personificación de la propiedad privada de la tierra y el deseo de subordinar a sus habitantes es, desde hace más de 140 años, la figura del finquero. El asesinato y la masacre tienen un doble nombre, tanto el particular como lo fue Flavio Monzón para Panzós, como el general, ese movimiento como poder social enajenado en la Finca en tanto que mediación social de la dominación. Ahora bien, si no se reconoce en los finqueros y sus esbirros el doble momento de lo que representan, la lucha por el recuerdo y la vida de Catarina Mucú, Alberto Coc, Sebastián Xuc y Amilcar Choc puede quedarse en los parámetros del orden social establecido.

Los finqueros y sus secuaces son el momento individual del proceso violento de expropiación capitalista, impulsada bajo la aparente indiferencia del Estado mientras legitima la propiedad privada como canon de “civilización”. En el sistema jurídico estatal la pena del asesino se busca en la individualización de la culpa, mientras tiene como centro no cuestionado mostrar las fuerzas sociales enajenantes que, en este caso, el finquero expropiador representa. De manera que en esta denuncia no nos reconciliamos con “recomendar a las autoridades” la justicia del individuo que asesina unilateralmente, sino promovemos el cuestionamiento mismo de las relaciones de violencia, muerte y hambre que impone el Estado y el capital en Guatemala. Al contrario de otras instituciones que piden al Estado “tomar cartas en el asunto”, no exigimos nada a las autoridades porque su misma autoridad es requisito para someter al pueblo al hambre, la desnutrición, la persecución y el asesinato. Llamamos a la denuncia desde la localidad hasta otros países, no están matando a tres individuos sino, en realidad, buscan acabar con la fuerza que transforma las sociedades y erigen el sueño de la comunidad humana universal con actos tangibles. Este no será otro “caso”, no lo será, porque lleva consigo nuestro pesar y nuestro dolor por este país, Guatemala, que ha sufrido y sufre tanto. Pero también, y con más fuerza, les anunciamos que la fuerza de Catarina Mucú, Alberto Coc, Sebastián Xuc y Amilcar Choc, es nuestra responsabilidad con Guatemala y todo país donde el estado de muerte busca imponerse. Dicho estado de muerte debe ser desafiado por quienes creen que la vida no es una abstracción, sino el movimiento material y espiritual hacia un nuevo mundo. Nuestro minuto de silencio no es el que callamos, sino aquel en el que luchamos y denunciamos.

Firmas

Carlos Figueroa Ibarra

Antonio Fuentes Díaz

Alfonso García Vela

Ernesto Godoy Dardano

Coralia Gutiérrez Álvarez

John Holloway

Fernando Matamoros

Flor Méndez

Mario López

Sergio Palencia

Olga Alicia Paz

María Alejandra Privado

Sergio Tischler

Rodrigo Véliz